El pasado día 11 de marzo de 2020, una representación de la Junta Directiva mantuvo una reunión con la Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, Dª. Aránzazu Marín Moya, donde se abordaron asuntos tan importantes para el urbanismo como la incidencia de la aplicación de la normativa medioambiental en la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento.
Concretamente se trataron los inconvenientes de la aplicación de la ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía e Instrucción para la aplicación de la ley 3/2015, de Medidas en Materia de Aguas.
El principal problema que presenta la aplicación de estas normas en los instrumentos de planeamiento urbanístico es que ralentizan enormemente los procedimientos de tramitación y aprobación de los mismos, con innecesarias evaluaciones ambientales, informes de salud o de aguas, sobre ámbitos donde ya existe una previa evaluación sobre esas materias, siendo trámites repetitivos que eternizan la tramitación de los planeamientos de desarrollo y sus modificaciones, sin que de esa repetición de los trámites se desprenda una mejora en la calidad ambiental, en la salud o en el abastecimiento de agua.
La consecuencia de la aplicación de estas normas en cuanto a la repetición de los trámites es clara, provoca un alejamiento de la inversión del empresario en Andalucía y en consecuencia una pérdida de oportunidades de empleo, crecimiento y mejora de las ciudades.
Por todo ello, se ha solicitado la modificación de las disposiciones concretas que provoquen una agilización en la tramitación de los planeamientos.
